La conversación sobre los códigos de vestimenta en espacios laborales y educativos volvió a tomar fuerza por casos recientes que expusieron un posible trato desigual entre personas de distintos géneros. Más allá de la anécdota, el tema abre preguntas relevantes: ¿hasta qué punto una norma busca profesionalismo y seguridad, y en qué momento empieza a limitar la comodidad, la salud o la equidad?
En un contexto de altas temperaturas, trabajos al aire libre y funciones que exigen esfuerzo físico, la ropa deja de ser solo un asunto de imagen y se convierte en un factor que impacta el bienestar diario.
Para comprender el debate, conviene distinguir entre tres objetivos habituales de las políticas de vestimenta. Primero, el de imagen y coherencia: muchas organizaciones desean proyectar una apariencia ordenada y reconocible, lo cual es válido siempre que no derive en exigencias innecesarias o desproporcionadas.
Segundo, el de seguridad: en ciertos oficios, la ropa adecuada protege del sol, de materiales cortantes o de sustancias que podrían irritar la piel. Tercero, el de convivencia: se buscan reglas claras para evitar conflictos y asegurar que todas las personas se sientan cómodas en un entorno compartido. El problema surge cuando estas metas se aplican con doble estándar o sin considerar las condiciones reales de trabajo, creando brechas que se perciben como injustas.
La equidad es el eje. Una política puede ser estricta o flexible, pero debe aplicarse de manera consistente para todas las personas. Si a un grupo se le permite optar por prendas más frescas en días de calor, mientras que a otro se le restringe bajo criterios ambiguos, aparece la sensación de discriminación.
Por eso, más que discutir si una prenda específica está “bien” o “mal”, conviene analizar si la regla responde a motivos objetivos (como protección solar o uso de equipos de seguridad) y si se aplica con el mismo rigor para todos.
Además, el contexto climático y las tareas importan. No es lo mismo trabajar en oficina climatizada que en exteriores con temperaturas elevadas. En estas situaciones, la ropa puede afectar directamente la hidratación, el rendimiento y la fatiga.
Políticas demasiado rígidas pueden incrementar el riesgo de golpes de calor o de irritaciones cutáneas, mientras que un código flexible, pero responsable, ayuda a prevenir problemas de salud sin abandonar el profesionalismo. Un enfoque moderno contempla opciones equivalentes para todas las personas: telas transpirables, prendas técnicas, gorras o viseras, y lineamientos que reconozcan la diversidad corporal sin imponer exigencias estéticas.
También es crucial considerar las percepciones sociales y los estereotipos. En sociedades donde ciertos cuerpos han sido juzgados con mayor severidad, una misma prenda puede valorarse de manera distinta según quién la use. Esta asimetría crea tensiones y puede desincentivar la participación de quienes ya se encuentran en minoría en ciertos oficios.
Por eso, los códigos de vestimenta deben evitar sesgos implícitos y centrarse en criterios verificables: seguridad, higiene, funcionalidad, condiciones ambientales y trato igualitario. Cuando el foco se desplaza hacia juicios de valor sobre la apariencia, la norma pierde legitimidad y credibilidad.
¿Cómo se construye entonces una política percibida como justa? Primero, con fundamentación objetiva: si existe una razón de seguridad, debe explicarse de forma clara y medible. Segundo, con participación: involucrar a las personas que realizan el trabajo cotidiano aporta información valiosa sobre lo que es viable y cómodo.
Tercero, con flexibilidad contextual: permitir ajustes en días de calor extremo o en tareas específicas sin que eso implique excepciones arbitrarias. Cuarto, con consistencia: las mismas reglas, con el mismo alcance, para todos los géneros y tipos de cuerpo.
Un buen ejemplo práctico es adoptar “principios de vestimenta” en lugar de listas rígidas de prendas permitidas o prohibidas. Por ejemplo: “la ropa debe ser segura para la tarea, cubrir adecuadamente según el riesgo, permitir movilidad y transpiración, y mantenerse limpia”. Este tipo de formulación reduce conflictos porque se enfoca en el propósito y no en la moda del momento.
A la vez, se pueden añadir criterios específicos por rol: uso obligatorio de calzado cerrado antideslizante, telas de alta visibilidad, protección UV, o mangas largas cuando la tarea lo requiera. La clave es que todo esté justificado por el trabajo y el clima, no por apreciaciones subjetivas.
Otro aspecto es la comunicación. Las mejores políticas fallan si se implementan sin explicar el “por qué”. Comunicar el objetivo —cuidar la salud, prevenir lesiones, respetar a la clientela, mantener estándares profesionales— ayuda a que las personas se sientan parte de la solución.
Sumado a ello, debe existir un canal de revisión para que, ante situaciones no previstas, se tomen decisiones rápidas y coherentes. Sistemas de apelación simples y plazos claros fortalecen la confianza y evitan que la norma se perciba como arbitraria.
En definitiva, la justicia en el código de vestimenta no depende de una prenda específica, sino del equilibrio entre seguridad, comodidad y trato igualitario. Las organizaciones que actualizan sus políticas con criterios objetivos, participación y flexibilidad suelen reducir fricciones, mejorar el clima laboral y, sobre todo, cuidar la salud de su gente.
